Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Huelga indefinida en la empresa de plásticos Inma de Archidona (Málaga).
«Exigimos mejores condiciones laborales».
Desde el 25 de noviembre.
La empresa perteneciente al grupo multinacional Tuyper, pretende mantener condiciones inferiores a las establecidas en el convenio estatal de la industria química, no compensar los festivos trabajados, seguir manteniendo la imposibilidad del disfrute del periodo de bocadillo obligando además a recuperarlo con horas de trabajo a mayores de la jornada anual de 1.752 horas, establecer un calendario laboral ilegal para 2025, perpetuarse sin el obligatorio plan de igualdad «a esta empresa no le gustan laboralmente las mujeres».
«El apoyo masivo de La plantilla a la huelga demuestra el cansancio y hartazgo de tener peores condiciones laborales a las establecidas en el convenio y a las vigentes en otros centros de trabajo del mismo grupo empresarial por el mero hecho de estar ubicada en el medio rural andaluz, Archidona también es Europa y no el Norte de África».
Despidos:
-Hotel Avenida de Canarias, despide a 22 trabajadores, con denuncias por impagos y 26 causas judiciales abiertas.
El hotel Avenida de Canarias entró en concurso de acreedores y cerró su actividad tras más de una década en la zona peatonal comercial abierta de Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana.
Ya despidió a 5 trabajadores en 2018, y llevaron a cabo luchas en diciembre de 2022, pidiendo la readmisión de una empleada que había solicitado asilo político y estado en CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).
Ahora, los despidos son a cuatro camareras de piso, una gobernanta, 6 trabajadores de cocina, ocho recepcionistas y dos empleados de mantenimiento, que son los que figuran en la plantilla inicial de 2023.
Las 26 causas judiciales abiertas son «tanto por despidos como por impago de salarios, algunos de ellos de hasta de un año y otras que acumulan 49.000 euros. Además, las relacionadas posibles sanciones tramitadas por inspecciones de la Seguridad Social».
-Atarfil presenta un ERE en España tras cerrar su fábrica en Estados Unidos.
La medida supondrá el despido de 14 trabajadores de su fábrica en Granada, su sede en Europa.
Fabricante de geomembranas plásticas, aplica ERE a 14 de sus trabajadores en su factoría en Atarfe.
Despidos nulos:
-Declaran nulo el ERE de Metecno en Miranda de Ebro.
El TSJCyL da la razón al comité de empresa, considerando que los despidos realizados por la empresa no siguieron el cauce legal.
Declarado nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) mediante el que Metecno articuló el despido de 31 trabajadores de su planta de Miranda de Ebro.
Dedicada a la fabricación de paneles metálicos para cubiertas y fachadas, comunicó a la plantilla su intención de aplicar un expediente de despido, que no vino acompañado de aportación económica alguna. No se pagaron ni indemnizaciones ni salarios pendientes desde septiembre porque, según la empresa, «no hay tesorería suficiente» para poder afrontar esos pagos. Y aplicó un ERTE.
El fallo del tribunal es tajante. «Aún a pesar de que resulta innegable la gravedad de la crisis por la que la empresa atraviesa», los trámites mediante los que se articuló el ERE son «disconformes a derecho», apunta el fallo. Y lo son, entre otras cosas, porque a juicio del tribunal «no cabe acudir a un ERE» mientras está en vigor otro expediente de regulación de empleo, en este caso temporal, como sucede con Metecno, que en ese momento ya venía aplicando medidas de flexibilización a este respecto. O al menos no es posible hacerlo si no se justifica debidamente. Y a juicio del tribunal, esa justificación excepcional no existe y obliga a la empresa a restituir el contrato de los trabajadores despedidos.
Vivienda pública, digna y de calidad:
-Familias de las 91 viviendas sociales de Écija pelean para anular la venta a un fondo buitre.
Las familias que viven en las 91 viviendas sociales de alquiler de La Alcarrachela de Écija (Sevilla) adjudicadas a un fondo de inversión siguen luchando por la vía judicial para recuperar el carácter público de las casas.
La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía reconoció que el fondo privado que compró por más de un millón de euros esas 91 viviendas imposibilitó a las familias inquilinas ejercer su derecho de retracto sobre esas casas.
-Desalojan un asentamiento de sintechos de una antigua gasolinera del Poblenou en Barcelona.
La Guardia Urbana ha desalojado un asentamiento instalado en una antigua gasolinera donde pernoctaban 34 indigentes en tiendas de campaña.
Varias personas del barrio del Poblenou hacía meses que mostraban solidaridad con las personas migrantes que vivían en el asentamiento de la gasolinera. Les daban clases de lengua, les llevaban comida y ropa de abrigar para mejorar el día a día en este espacio. Ahora les echan y clausuran la gasolinera. Dicen que les han vinculado con los servicios sociales “asociados a un plan de mejora”. ¿Y hasta ahora?
Educación Pública y sus servicios, dignos y de calidad:
-Los centros educativos se quedan sin enfermería y Ayuso les propone contratar empresas privadas.
Enfermeras y fisioterapeutas denuncian las irregularidades de un proceso de estabilización que se ha convertido en un cese masivo para profesionales que llevan 20 y 30 años trabajando en la Comunidad de Madrid.
“Que sepáis que, al menos al servicio de enfermería escolar, aquellas personas que cesan por el concurso de traslados, les están diciendo a los centros que no tienen enfermeras para cubrir la última semana antes de Navidades (mentira, tienen a todas las enfermeras que cesan) y que los centros contraten por su cuenta enfermeras (les dan un listado de empresas privadas para que pregunten) y que además esas contrataciones las tendrán que pagar los centros, no se lo van a reembolsar”.
Se trata de otro paso más en las irregularidades y falta de transparencia que denuncian los sindicatos ante el proceso de estabilización laboral que debe producirse antes del 31 de diciembre de 2024 ante la directiva europea que pretende corregir el abuso de temporalidad que existe, entre otras, en todas las consejerías del Gobierno madrileño. Las profesionales de la Educación, las y los más afectados por esta forma de resolver la directiva, ya salieron a la calle para pedir cambios en el proceso.
Ahora “Hay directores de colegio llamando a las Direcciones de Área preguntando qué va a pasar a partir del 16 con enfermeras, fisios, integradoras, limpiadoras, auxiliares de control… y les están diciendo, al menos con enfermeras, que contraten con una empresa privada y que lo pague el centro”, comenta una enfermera escolar. Ella explica que han visto en las listas recomendadas por la Comunidad de Madrid el nombre de empresas como School Nurses. “Hemos preguntado y sabemos que la empresa cobra entre 1.000 y 11.000 euros a la semana y a la enfermera le van a pagar brutos entre 380 y 400 euros”…