Movimiento obrero, su brutal situación:
Represión laboral:
-Absolución para los 2 huelguistas de ALSA
El 5 de octubre de 2020 los trabajadores y trabajadoras del Grupo de Empresas ALSA convocaban una huelga con el objetivo de recuperar al 100% las líneas y frecuencias de autobuses y el servicio de taquillas, poner freno a los despidos y hacer cumplir el convenio colectivo.
Unas medidas que la empresa ALSA había impuesto con la excusa de la pandemia y que suponían un riesgo gravísimo para la salud pública, y la implantación de unas condiciones laborales abusivas e ilegales, mientras la empresa cobraba subvenciones públicas millonarias.
La huelga contó con el apoyo total de la plantilla y de las asociaciones vecinales y colectivos sociales. Pero para limpiar esta pésima imagen de la empresa, ALSA denunció desperfectos en sus autobuses, acusando de ello a las trabajadoras y trabajadores.
Y, como siempre, la represión es selectiva y la Ley acabó persiguiendo a los trabajadores y trabajadoras, por defender la salud de los pasajeros y pasajeras, que la empresa ALSA abandonaba a su suerte.
Esa misma Ley pasaba por alto las ilegalidades cometidas por la empresa en la huelga, con servicios mínimos abusivos o sustituyendo a trabajadores en huelga. Y la supresión de líneas y frecuencias de autobuses, el incumplimiento de las medidas anti Covid o la concesión de dudosa legalidad de subvenciones públicas a la empresa, nunca se investigaron.
Como ya es costumbre, la represión y el castigo se dirigen hacia los trabajadores y trabajadores que defendían los derechos laborales y sociales, mientras se hace oídos sordos al atropello que la empresa cometía en Asturies e imponía una situación de escarmiento con el fin de impedir las movilizaciones de la plantilla en defensa de sus derechos.
En enero de 2025 tendrá lugar un juicio contra dos trabajadores acusados por la empresa ALSA, por defender la salud de la población y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero a la empresa ALSA se le concedió patente de corso para disponer del transporte público a su antojo y según sus intereses económicos.
Esclavismo laboral:
-Detenido por emplear a migrantes sin contrato en un taller de Badajoz y alojarlos en una infravivienda.
La policía ha detenido a un empresario de 40 años como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. El empresario empleaba sin contrato y sin autorización de trabajo a sudamericanos en un taller de coches, a quienes además alojaba en una vivienda que no cumplía los requisitos mínimos de habitabilidad.
Había contactado con estas personas desde su país de origen y bajo la promesa de un contrato de trabajo les facilitó la entrada en España como turistas para finalmente emplearlos sin contrato.
El empresario se ahorraba así los gastos de alta en la Seguridad Social, con el consiguiente «perjuicio» para estas personas. Esto les «condicionaba» a residir en una vivienda «sin los requisitos mínimos necesarios de habitabilidad», por la que además les cobraba una cantidad desproporcionada, todo ello bajo la «promesa falsa de la obtención de la documentación de residencia en Portugal».
Sindicatos atan al trabajador:
-Para que quieren requetés si tienen la UGT. Para que emplear cocos si tienen a CC.OO.
Los sindicatos firman un acuerdo con Ayuso que restringe el derecho a protestar
Firmado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y los sindicatos CCOO, CSIF, CSIT y UGT.
El texto del convenio incluye medidas que restringen el derecho a la protesta de los trabajadores de la administración pública.
En concreto, el artículo 10, ata la totalidad de los acuerdos incluidos en él al compromiso de los sindicatos firmantes de «no promover (…) huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo que tengan como finalidad o como efecto, directos o indirectos, la modificación de lo acordado» de sus propios afiliados.
El artículo también penaliza la protesta: «De producirse un incumplimiento de lo anterior (…) la Administración podrá acordar la suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos, en tanto se mantenga aquel».
Cierres:
-La culpa del cierre de la empresa SDA Factory de Gasteiz es de B&B Trends.
La dirección ha tomado la decisión de cerrar SDA Factory, la antigua BSH de Gasteiz. Esta empresa con casi 50 años de historia ha pasado los últimos cuatro años en ERTE.
El 17 de diciembre, la empresa nos comunicó que habían procedido a declarar el Concurso Voluntario de la Empresa SDA Factory para la planta que tiene en Gasteiz. El anuncio fue hecho por correo electrónico, horas antes de la tercera reunión del periodo de consultas en marcha de la prórroga del quinto ERTE, el cual aplica actualmente a la empresa. Según dicha comunicación, el Concurso Voluntario fue solicitado el día 16.
Cuando la empresa pertenecía a BSH, eran 240 personas las que componían la plantilla. A día de hoy son únicamente 55. Una empresa puntera, con casi 50 años de historia, arraigada en el territorio, echada a la basura por el hambre voraz de dinero de unas multinacionales que cuyo único fin es embolsarse dinero. Da igual cómo, caiga quien caiga. Estamos ante un clarísimo ejemplo de deslocalización de un centro de trabajo, de destrucción de plantilla y desmantelamiento del tejido industrial vasco.
–https://www.lab.eus/es/la-culpa-del-cierre-de-la-empresa-sda-factory-de-gasteiz-es-de-bb-trends/
Derecho a vivienda:
-Una familia de aristócratas y amiga de Franco intenta desahuciar a Mariano de su casa en Vallecas.
El inquilino lleva medio siglo en un piso de renta antigua, carece de ingresos y necesita una máquina de oxígeno para dormir. «A medida que se acerca el día (19 diciembre), crece el agobio»
Los Díez de Rivera Elzaburu son los propietarios del inmueble. La familia pertenece a la alta aristocracia madrileña, tiene al menos cuatro cotos de caza y uno de sus herederos dirige un exclusivo bufete de abogados en una de las cuatro torres de la capital. El pasado de la dinastía tampoco es baladí. A la boda de Alonso Díez de Rivera y Carmen Elzaburu, dueña del piso en el que vive Mariano –y de otros 12–, acudieron Francisco Franco y Cristobal Martínez-Bordiú, yerno del dictador.
“No es fácil entender por qué interponen esta demanda, suponemos que tienen que asegurar unas inversiones para mantener la posición de cada uno de ellos», denuncian desde PAH Vallekas.
-La Asamblea de Vivienda de Sevilla señala a un grupo empresarial como responsable del desahucio de una familia.
El colectivo de la capital andaluza por la vivienda responsabiliza a los empresarios de La Vida en Tapas, que tienen varios restaurantes en la capital, del próximo desahucio de una mujer y su hija.
Tras este desahucio que, si nada lo impide, tendrá lugar próximamente se encuentran los empresarios dueños de varias compañías hosteleras así como de construcción y del ámbito inmobiliario según denuncia la Asamblea por la Vivienda de Sevilla. Los propietarios del inmueble donde aún hoy vive Carla son además propietarios de una decena de empresas dedicadas a la hostelería como La Vida en Tapas o Gigante Bar SL, a la construcción Modo Obra S.L. y a la gestión de inmuebles como Compañía La Vida Fortuna S.L.