Muro de solidaridad y denuncias:
Solidaridad presos políticos:
-El rapero Pablo Hasel pasa sus cuartas Navidades en prisión.
Mientras, el ladrón de Bárcenas del PP está ya en libertad trabajando como contable del grupo Taburete de su hijo Willy y se está llevando contratos millonarios de conciertos con Ayuntamientos del PP. «Democracia plena».
Fonsi Loaiza.
Torturas impunes:
-Once guardias civiles esquivan la querella por torturas a un CDR de la operación Judas.
Una jueza de Sabadell archiva la querella de Jordi Ros sin tomar declaración a los once agentes de la Guardia Civil.
Indignación. La titular del juzgado de instrucción 2 de Sabadell ha dictado el archivo de la querella presentada por Jordi Ros, uno de los detenidos en la operación Judas en el 2019, sin haber tomado declaración a los 11 agentes de la Guardia Civil denunciados. La formación Alerta Solidaria ha denunciado esta decisión de la magistrada Isabel Calahorra porque la declaración de los agentes estaba programada para el diciembre pasado y la suspendió aduciendo que tenía que resolver las peticiones de sobreseimiento, solicitados por la defensa y la Fiscalía, además de solicitar que se les aplique la amnistía. «Hay que concluir que no existe ningún indicio de los delitos de detención ilegal, vulneración de derechos individuales, amenazas, torturas, ni coacciones que han sido objeto de la querella,» sostiene la magistrada en la resolución comunicada este 8 de enero.
Es decir, la magistrada ha salvado a los agentes de la Guardia Civil de ser interrogados por torturas, y razona que «se podrían acoger a su derecho a no declarar». El abogado de Ros, Xavier Monge, presentará un recurso a la Audiencia de Barcelona contra el archivo del procedimiento, aunque Alerta Solidaria ya teme que después -si el tribunal le ordena reabrir el caso- la jueza aplique a los agentes la ley de amnistía. Entre los 11 querellados, hay el comandante jefe de la de zona de Catalunya de Información y dos capitanes de la Guardia Civil.
*Instrucción «pésima»
Precisamente, la sección 3.ª de la Audiencia de Barcelona calificó de «pésima» la instrucción hecha por la jueza de Sabadell sobre la querella de Ros, que admitió a trámite el 2020, sin hacer ninguna actuación, y el junio del 2024 el tribunal le ordenó hacer una mínima instrucción. Además, la Audiencia le aclaró que los hechos eran conexos y que no solo tenía que investigar los registros y detención en su piso de Sabadell, sino también en el cuartel de Sant Andreu de la Barca, y en Tres Cantos, a Madrid, donde fueron conducidos los 9 CDR acusados de terrorismo.
En este tiempo, la magistrada ha tomado declaración a Ros y a sus padres, además de pedir documentación del caso, dirigido por la Audiencia Nacional, y concluye que los hechos denunciados por Ros son insuficientes para continuar la instrucción.
*Sin valorar la amnistía
En la resolución, la magistrada de Sabadell argumenta que no ha valorado la petición de la aplicación de la ley de amnistía -solicitada por la defensa de los agentes de la Guardia Civil y de forma subsidiaria por la Fiscalía- porque ya ha dictado el sobreseimiento y porque el Tribunal Supremo ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad a la norma del olvido penal al Tribunal Constitucional.
La formación Alerta Solidaria afirma que el Supremo ha hecho esta consulta por otro caso y no por los CDR, y que esta acción de la magistrada podría ser «una estrategia» y que si es obligada a reabrir el caso, aplique la norma del olvido penal a los agentes de la Guardia Civil.
Paralelamente, el juicio contra Jordi Ros y otros ciudadanos de la operación Judas procesados por terrorismo está parado y no se les ha aplicado la amnistía. La Audiencia Nacional ha consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si la amnistía de delitos de terrorismo va contra la normativa europea. El tribunal ya ha pedido el posicionamiento de las partes. En este caso, la Fiscalía pide que se les aplique la amnistía.
Banderitas:
-Interior gastará 170.000 euros en comprar banderas de España para colocarlas en cuarteles y edificios de la Guardia Civil.
El Ministerio del Interior ha licitado un contrato para la compra de un lote de 2.795 banderas de España de distintos tamaños.
Las banderas serán colocadas en “acuartelamientos, centros y otras dependencias de la Guardia Civil”.
7291:
-La Fiscalía cita a declarar a familias de las víctimas de las residencias tras la denuncia colectiva presentada contra ex altos cargos Gobierno Ayuso.
Desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia valoran positivamente este movimiento, pero recuerdan la necesidad de proceder cuanto antes para evitar que prescriban los delitos.
La Fiscalía de Madrid ha citado a declarar a decenas de familiares de las víctimas de los llamados «protocolos de la vergüenza» en las residencias de mayores de la región, durante la primera ola de la pandemia. Las comparecencias comenzaron este 8 de enero. Este paso del Ministerio Público responde a una denuncia colectiva presentada el pasado octubre, que señalaba directamente a ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a geriatras de 25 hospitales por un presunto delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.
La denuncia, coordinada por las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, representa a los familiares de 115 residentes de 72 geriátricos diferentes. Según los denunciantes, 111 de estos ancianos fallecieron sin recibir atención médica adecuada, víctimas de un sistema que les negó el traslado a hospitales y asistencia sanitaria cuando más lo necesitaban.
Las declaraciones se producen bajo la presión de un plazo crítico, pues los delitos denunciados podrían empezar a prescribir a partir de marzo si no se judicializan rápidamente. Es por ello que tanto los denunciantes como las asociaciones involucradas han instado a la Fiscalía a actuar con celeridad, recordando que han aportado una amplia base documental que respalda las acusaciones. Entre las pruebas figuran informes internos del Gobierno regional que detallan la precariedad en las residencias, con carencias de personal médico y de enfermería que, en algunos casos, alcanzaban niveles alarmantes.
La denuncia apunta directamente a 29 responsables, incluidos ex altos cargos del Gobierno regional, geriatras, y gestores de protocolos que presuntamente vetaron el traslado de miles de residentes. También se señala la inexistente «medicalización» de las residencias, una medida anunciada por la Administración de Ayuso, pero que en la práctica se tradujo en el envío de «apenas 24 médicos y 25 enfermeras para atender a 475 centros geriátricos durante los meses más críticos de la pandemia».